Artistas contra la censura y por la defensa de la libertad de expresión. Un llamamiento a la acción/reacción desde Ibiza

En el artículo 20 de la Constitución española de 1978, donde se habla de los derechos y de las libertades públicas, se protege el derecho: “A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”. Protección que se extiende, en el apartado siguiente: A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica”. Sin embargo, en los últimos tiempos se han ido acumulando los casos en los que estas libertades han sido cercenadas o coartadas, incluso dentro del ámbito de la creación artística. Un fenómeno que está apareciendo, sobre todo, cuando las ideas expresadas denuncian abusos de poder o se enuncian desde una perspectiva no hegemónica, tal como denuncia Amnistía Internacional en su informe Tuitea… si te atreves: cómo las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España.

Partiendo de esta constatación, nos preguntamos: ¿podría decirse que existe un interés del Gobierno de España en crear una atmósfera generalizada de temor a las represalias, sobre todo en el campo artístico? Dicho de otra forma: ¿que se está induciendo a la autocensura entre los creadores de las más diversas áreas? Preguntas que empezamos a hacernos públicamente ya en 2015 en el marco de la mesa redonda sobre la libertad de expresión que organizamos dentro de la Convocatoria de Acciones contra la Ley Mordaza del festival Intramurs, per l’art a València.

Unas sospechas que hoy parecen avaladas por numerosos casos, entre los más recientes la condena a 40.000 € de multa a la revista Mongolia, por publicar la caricatura de un matador de toros en el cartel de una obra de teatro, o la pena de cárcel al rapero Valtonic, a quien se ha castigado por la letra monárquicamente beligerante de sus canciones, al igual que a otros raperos como Pablo Hasél o al cantante Cesar Strawberry, vocal del grupo Def con Dos. En la misma línea de castigo desproporcionado se sitúa el secuestro judicial del libro Fariña, en el que su autor, Nacho Carretero, se limita a narrar hechos documentalmente probados como el juicio y condena de un narcopolítico de la extinta Alianza Popular, germen del actual partido en el poder (PP). Y no podemos olvidar, tampoco, la censura de la obra de Santiago Sierra Presos políticos en la feria ARCO de Madrid. Una pieza en la que lo único que se denunciaba era la actual existencia de los mismos en las cárceles españolas.

Pero estas son, tan solo, las últimas manifestaciones de un largo historial de excesos, entre los que se podría incluir el último disparate judicial, en forma de investigación judicial del actor Guillermo Toledo por un escrito en redes sociales con el que intentaba apoyar a las organizadoras de la procesión del Coño Insumiso en Sevilla, una acción artística/feminista en la que algunas mujeres trasladaban una gigantesca vulva y por la que fueron procesadas, absueltas y vueltas a procesar tras el recurso de la fiscalía. Un despropósito similar a la detención durante cinco días, acusados de apología del terrorismo, a los miembros de la compañía Títeres desde Abajo –y el posterior procesamiento de los actores Alberto San Juan y Gloria Muñoz por representar la misma obra en solidaridad con ellos-, o el proceso judicial contra Eugenio Merino, denunciado por la Fundación Francisco Franco –y juzgado- por mostrar al difunto dictador de cuerpo presente, pero congelado en una nevera en la feria ARCO de Madrid. Algo parecido le sucedió al artista Abel Azcona, que fue denunciado por el Arzobispado de Pamplona y la Asociación de Abogados Cristianos por una instalación en la que usaba hostias consagradas para formar la palabra PEDERASTIA, denuncia que, afortunadamente, fue sobreseída por el juez. Y, junto a ellos, muchos otros sinsentidos propiciados por las últimas leyes sobre seguridad ciudadana, como el procesamiento –con feliz resultado final de absolución- de la estudiante Casandra Vera por reproducir en Twitter viejos chistes, mil veces contados, sobre el atentado contra Carrero Blanco, o la multa y condena en firme de un joven de Jaén por difundir un fotomontaje en el que había puesto su propia cara a la imagen del Cristo de la Amargura.

Ilustración: Janice Martins

Viendo la suma de todas estas agresiones contra la libertad de expresión no nos parece exagerado pensar que, en su conjunto, forman parte de un plan sistemático cuyo objetivo es el de silenciar las críticas para aparentar un inexistente consenso social. De ser así, a través de él se estaría ejerciendo la violación continuada de un derecho constitucional avalado, además, por la última sentencia del Tribunal de Estrasburgo de la UE. En ella se estima que acciones aparentemente mucho más radicales que las relatadas, como la de quemar simbólicamente fotos con el retrato de los reyes, no constituyen delito alguno y están amparadas por el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH).

Es por ello que los artistas de Intramurs nos hemos reunido en la emblemática isla de Ibiza para analizar, colectivamente y con las herramientas del arte, la actual situación de la libertad de expresión en el marco de la libre experimentación artística. Y es desde este enclave mediterráneo, que es un reconocido símbolo de la tolerancia y el respeto hacia todas las manifestaciones culturales, desde donde hacemos un llamamiento a todos los artistas y profesionales del arte, y muy especialmente a quienes ostentan responsabilidades políticas o de organización y gestión en el campo de las artes, para recabar su apoyo y solidaridad frente a cualquier futuro intento de censura o limitación de las libertades del artista en materia de expresión artística.

 

También para exigir, de manera conjunta con plataformas como No callarem y el resto de la ciudadanía indignada por la actual situación, la inmediata retirada de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (2015), más conocida como Ley Mordaza. También reclamamos la derogación del artículo 578 del Código Penal, sumándonos a las peticiones, en este sentido, del anteriormente citado informe de Amnistía Internacional. Petición, esta última, que los abajo firmantes dirigimos no solo al Gobierno del Estado sino, sobre todo, al resto de partidos con representación parlamentaria. Porque en su mano está la posibilidad de materializar la recuperación cívica del derecho a la creatividad sin cortapisas, tal como se defiende y consagra en nuestra actual Constitución. Un derecho que es, también, el de la fruición estética y el de la libre difusión de las más variadas emociones y sentimientos, elementos que consideramos absolutamente imprescindibles para el completo desarrollo humano y la feliz convivencia de TODAS las sensibilidades.

Domingo Mestre, Janice Martins, Salvia Ferrer, Oscar Mora, Ismael Rumbeti, Carlos Llavata, Javier S. Jiménez, Pablo España, Marisol Salanova, Eugenio Merino, Brenda Traver, Lluci Juan, Fernando Baena, Anna Gimein, Mario Gutiérrez Cru, Pablo Volt, Núria Martínez-Vernis, Jorge Carla, Claudio Muñoz, Marta Fofi, Víctor Bonetarbolí, Pepi Hervás, Victoria Trillo, Paula Sahuquillo, Pol Coronado, Víctor Bonet, Michaël Borras, Álvaro Pichó.

 

Versión en catalán

Si quieres denunciar algún caso reciente de censura o algún otro tipo de atentado contra la libertad de expresión puedes dejar el enlace, como comentario, aquí mismo. Muchas gracias

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